Las garantías para ser líder social juvenil en Bogotá son pocas; en realidad, sobrevivir en los barrios de la otra ciudad, para cualquiera de sus habitantes, es un reto. Debe partirse del hecho de que las garantías para gozar de una vida digna están en constante tensión en las comunidades de la periferia de la capital, que se enfrentan a la carencia o deficiencia de los servicios públicos, la fragilidad del sistema educativo y a una economía informal para la mayoría, como se aprecia en las Fichas locales de la Veeduría Distrital.
Todas y todos los líderes sociales juveniles coinciden en que el dinero no determina la ejecución de los liderazgos pero sí los delimita. En distintas entrevistas los jóvenes líderes y lideresas manifestaron la necesidad de abandonar o suspender los procesos por la mera sobrevivencia económica. La misma sobrevivencia que empuja a algunos jóvenes a buscar dinero a través de dinámicas violentas, como lo explica el documento Pandillas juveniles en Colombia: aproximaciones conceptuales, expresiones urbanas y posibilidades de intervención del Ministerio de Justicia. Entre los distintos informes que recoge el documento, el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC) indicó que en 2013 había 120 pandillas con un promedio de unos 1.800 jóvenes cuyas edades iban de los 14 a los 25 años.
La sociedad ha determinado la naturaleza de la Bogotá de la periferia y de los jóvenes que la habitan. La drogadicción, la vinculación a grupos de delincuencia y la violencia son la vara bajo la que se mide a los jóvenes de la otra ciudad. “Uno no le puede pedir a quien no le dan oportunidades que no sea afectado por esto. Por eso creo que un énfasis central en este momento con todo el trabajo con juventud, es demostrar que no son los protagonistas ni los responsables de estos fenómenos, sino que son víctimas, y que la responsabilidad está en la sociedad. El Gobierno tiene que afrontarlo de esa manera”, explica Alejandro Acosta, director del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE).
La senadora Aída Avella reconoce estas mismas dificultades sociales que afrontan los jóvenes y, sin embargo, deposita la responsabilidad del cambio social en ellos. “La esperanza de Colombia son ustedes —los jóvenes—. Son las personas que surgen con tantos esfuerzos y tantas dificultades. Los jóvenes que les toca ir a pie hasta la universidad, los jóvenes que les toca colarse en el Transmilenio porque no hay plata para pagarlo”, afirma.
Los líderes sociales juveniles del sur creen en sus procesos como la oportunidad para sus comunidades, aunque usualmente no sean la noticia. Como lo indica Acosta: “todos esos liderazgos sociales son muy importantes y es lo que no se potencia, lo que no se vincula a los procesos de construcción, lo que no muestran los medios, lo que nunca se destaca, sino más bien se les persigue”; los miembros de la Policía lo hacen, como si se tratara de una represión de la pobreza.
Las tensiones con la Fuerza Pública tienen un histórico en el borde sur de la capital. Sus habitantes hablan de la complicidad de miembros de la Fuerza Pública en las mal llamadas ‘limpiezas sociales’, y de la relación que tienen con bandas de microtráfico. En 1993 mientras tenía lugar el Foro sobre Derechos Humanos, Para que la vida siga siendo Joven, Oscar Barón denunciaba la imposibilidad de ser jóven y sobrevivir en Ciudad Bolívar. Arturo Alape, citando el libro de Guillermo Segovia, La violencia en Santafé de Bogotá, recoge el testimonio de Barón:
“Nosotros no alcanzamos a entender el origen de estos comportamientos y conductas de la fuerza pública y cuando nos atrevemos a mirar un poco más allá, percibimos es que nos tratan como sus enemigos y entonces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Será porque somos pobres, será porque somos feos, será porque somos jóvenes?, y entonces preocupados porque nos puedan seguir matando investigamos un poco y casi que llegamos a concluir que nuestro delito es ser jóvenes y más aún vivir en Ciudad Bolívar y entonces de pronto nosotros somos responsables de vivir en esta Ciudad Bolívar colmada de privaciones y asediada de necesidades, tantas y de tanto orden que la gente no aguanta más y se organiza para reclamar sus derechos y vivir con un poco de dignidad y entonces ya está, somos subversivos, guerrilleros, así nuestro delito se va acumulando, los grandes diarios de la lejana capital nos declaran perturbadores del ‘orden público’ enemigos de la “Paz ciudadana” aliados de la guerrilla, delincuentes, bazuqueros, pandilleros”.
Cuando se les pregunta hoy a los jóvenes líderes y lideresas sociales por la figura de la Policía contestan: “estigmatización” y frecuentemente “desconfianza”. En algunos casos la Fuerza Pública ha sido uno de los actores que frustran los procesos comunitarios por considerarlos inapropiados o escandalosos, como lo afirman las lideresas María Fernanda Ríos y Gabriela Romero, integrantes del equipo fundador de Casa Raíz en la localidad de Bosa.
Es usual que los procesos culturales se tomen el espacio público para generar más impacto en sus territorios y lograr que las personas presten mayor atención a sus apuestas sociales o protestas. Esto hace que la Policía muchas veces criminalice el acto de “tomarse la calle”, como lo hace, por ejemplo, el teatro comunitario. La Policía, entonces, llega a frustrar estos procesos e incluso a detener a los líderes que se abanderan de este tipo de espacios, cuentan las lideresas.
“Me capturan inmediatamente a mí y me tortura la misma Policía”, recuerda Ánderson Betancourt, lider social de la localidad de Usme, en relación a la detención ilegal que sufrió por miembros de la Policía en esta localidad, cuando aún era menor de edad. Los hechos ocurrieron el 28 de enero de 2015 cuando la comunidad se encontraba protestando por la propiedad de un predio que hasta entonces había sido público en el barrio la Aurora. Cuando la situación empieza a ponerse tensionante, miembros de la Policía llevan a Ánderson y a su papá al CAI de la Aurora, en donde sufren tratos crueles físicos y psicológicos.
“Ahí nos empiezan a golpear con bolillos, con las tonfas de los bolillos. Además me jalaban del cabello, me golpeaban contra el mesón del mismo CAI que está ahí, pues, amenazándome, amedrentándome que yo ‘por qué era tan sapo’, que etcétera; los mismos policías”, recuerda. Y aunque Ánderson denunció, y asegura que se generaron dos quejas disciplinarias dentro de la Policía, hasta la publicación de esta investigación (agosto de 2020), tras más de cinco años de los hechos, la Fiscalía no le ha notificado el estado de su denuncia.
Juan Ortega —Juanito—, líder integrante de Gestores de Paz, desde Ciudad Bolívar, expresa que “la Policía tiene un problema y es que siempre sienten que tienen mucho poder, mucha autoridad. Entonces cuando estamos en espacio —público—, en las canchas dobles, cuando estamos arriba en la montaña, siempre llegan como con el prejuicio de que los líderes sociales, los jóvenes de Gestores de Paz, pertenecemos al común de la juventud que consume sustancias psicoactivas y demás, y siempre están en la disposición de atacarnos, entonces hemos tenido demasiados problemas con la Policía”.
También, hay que resaltar que el riesgo que corren los jóvenes en las periferias de la ciudad se debe a las dinámicas de la violencia que históricamente se han instaurado en ese territorio, y que directa o indirectamente ponen sus vidas en peligro. El 23 de agosto de 2011, en las sedes de varias agrupaciones de teatro de las localidades de Kennedy, Tunjuelito, San Cristóbal y Bosa, llegaron panfletos amenazantes, firmados, presuntamente, por el Bloque Capital de las Águilas Negras. En el impreso se ordenaba a los miembros de 12 grupos de teatro abandonar Bogotá. “Teatro del Sur fue amenazado por lo que se supone eran las Águilas Negras (...). La amenaza decía que teníamos que irnos porque estábamos defendiendo los derechos humanos o una cosa así”, relata María Fernanda Ríos, miembro de ese espacio cultural de Bosa.
Por otro lado, el microtráfico es el factor de riesgo en el que todos los líderes y lideresas sociales juveniles entrevistados coincidieron. El teatro comunitario se ha visto amenazado no solo por quienes se dicen llamar las ‘Águilas Negras’, sino también por actores del microtráfico en el barrio y la localidad. “Nosotros tenemos una casa que vende droga a media cuadra (...) uno es el que les está robando como el público, los clientes porque también es un poco lo que piensa mucho los papás ¿no?, yo prefiero que mi hijo este metido allá (en la casa cultural) escuchando música o haciendo lo que usted le hace hacer, que saliendo a las calles con los amigos que quién sabe qué lo ponen a hacer, y pues claro los niños nos lo cuentan muchas veces, nos cuentan lo que ven, nos cuentan lo que escuchan, lo que les ofrecen en los parques”, afirman las jóvenes lideresas de Casa Raíz.
Aunque las amenazas por parte de los actores del microtráfico no sean directas, el miedo está. Darling Molina, lideresa de Gestores de Paz de Potosí, piensa lo mismo que las lideresas de Bosa en cuanto a que los liderazgos que ellos y ellas como jóvenes adelantan son una contrapropuesta al narcotráfico, pero “alguna cosa así de que nos hayan intimidado o nos hayan dicho que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, no. Pero creo que igual está, no es que lo haya obstaculizado —la gestión de liderazgo—, pero sí hay dinámicas en el territorio. Es como que allá —una zona con presencia de actores del microtráfico— no vamos a hacer un recorrido o alguna cosa así como puntual”, reconoce la lideresa.
En el caso de Potosí, Ciudad Bolívar, además de registrarse con regularidad en los medios de comunicación y en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo la presencia de grupos paramilitares posdesmovilización, existen actores sin identificar que protegen intereses de particulares, en el marco de la disputa territorial que la comunidad tiene por el Parque Ecológico Cerro Seco.
“Llega otra persona también encapuchada, armada y pues amedrentando con perros para hacernos salir y quitar los arcos (de fútbol). Efectivamente ponemos nuestro frente, nos paramos muy duro por nuestra montaña y lo que creemos. (...) Finalmente, intento siempre mediar. Toda la situación se sale un poco de control. Llega la persona encargada del parque, esta persona llega muy grosera (...) y realiza una amenaza directa en contra mía, delante de todas las personas alrededor”, cuenta Yhoyner Nieto, mentor de Gestores de Paz de Potosí, lo que vivió junto a su comunidad desempeñando gestiones de liderazgo social en la escuela popular de fútbol de Gestores de Paz Potosí.
Francisco Pulido, quien para el momento en el que se entrevistó era el subsecretario de Gobernabilidad y Garantía de Derechos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, había identificado los actores que generaban un riesgo para los líderes sociales en la capital, coincidiendo con varios de los expuestos por los líderes sociales juveniles. “Hay una serie de hechos más asociados a la delincuencia común, que a la presencia de grupos armados organizados que son los que están generando las situaciones de riesgo y amenaza. ¿Cuáles son esos factores?, temas como microtráfico; el fenómeno de tierreros, que es una práctica sumamente compleja por la cual se dan apropiaciones de predios por parte de organizaciones delincuenciales, y otras como por ejemplo temas de extracción minera en localidades como Ciudad Bolívar en los límites con el municipio de Soacha”.
La creación de la Ruta Distrital de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos tuvo en cuenta la queja más constante de los líderes y lideresas sociales que son víctimas de algún hecho violento: el ‘pimpineo’ entre entidades y el poco acompañamiento en el proceso. “Nosotros buscamos evitar eso implementando un abogado o una abogada que sea el que se encargue de hacer el acompañamiento del caso de manera completa. Si hay que hacer la denuncia, trasladamos a la Fiscalía; si hay que remitir a UNP (Unidad Nacional de Protección), remitimos a ello; si hay que hacer atención como víctima en el marco de la ley 1448, articulamos con la Alta Consejería para las Víctimas; y los trámites que sean”, asegura Pulido.
Desde su creación en 2016 la Ruta atendió a 628 líderes y lideresas hasta junio de 2019, y según el sistema de información de la Secretaría de Gobierno, desde octubre de 2012 al 20 de diciembre de 2019, se presentaron 1.327 agresiones contra líderes y lideresas en toda Bogotá.
La Secretaría de Gobierno de Bogotá, a partir del sistema de información de la Ruta Distrital de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, en el que se consolidan las denuncias hechas por defensores, evidencia las localidades en las que hay un mayor número de registros de protección y denuncia sobre situaciones de riesgo de personas entre los 18 y los 28 años, sin contar con las amenazas a los liderazgos de jóvenes entre los 14 y los 17 porque, según Francisco Pulido, a los menores de edad se les remite a las instituciones que se encargan de esta población etaria.
“El ciclo de juventud inicia desde los 14 y hasta los 18 años, y es hasta este momento cuando se tiene la mayoría de edad en el país. Nosotros en este ciclo no implementamos medidas de manera directa. Lo articulamos con Policía de Infancia y Adolescencia, vinculamos con el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), dentro del marco de las medidas que se tienen de restablecimiento y garantías de derechos en la ley nacional”, explica Pulido.
Según el consolidado de la Secretaría de Gobierno, desde octubre de 2012 hasta el 20 de diciembre de 2019, se han presentado un total de 104 amenazas, asedios, asesinatos y otros delitos similares contra líderes sociales juveniles en la capital. Las localidades más afectadas son Ciudad Bolívar (14), Usme (14) y Rafael Uribe Uribe (12).
No con todas la instituciónes públicas vinculadas a este tema fue posible obtener información; y otras a las que enviamos derechos de petición o a las que les solicitamos entrevistas ni siquiera entregaron algún tipo de respuesta.
A la Unidad Nacional de Protección (UNP) enviamos una solicitud de información solicitando el número de líderes sociales que se encuentran bajo algún esquema de seguridad, residentes en Bogotá, desde la fundación de la institución, especificando datos como la edad, el sexo y el tipo de esquema asignado. Sin embargo, apelaron a la reserva de información. “Bajo este contexto, no es posible remitir la información solicitada como quiera que hace parte de la mencionada reserva legal”, contestó Viviana Benavides Jiménez, abogada contratista del Grupo de Atención al Ciudadano de la UNP.
Pero Viviana Benavides interpretó de una manera particular la solicitud. No estábamos pidiendo datos sensibles como la identidad o el número de cédula de los líderes, sino datos anonimizados para análisis estadísticos. Presentamos un recurso de instencia pero nunca obtuvimos respuesta.
En el caso de la Policía, no hay nada que decir. Nada porque nunca respondieron la solicitud de información. A pesar de que se enviaron correos, se hicieron llamadas, no hubo respuesta. Solo el tono del teléfono repitiendo una y otra vez hasta extraviarse en la nada de alguna extensión telefónica de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Las alcaldías locales aseguran estimular la participación de jóvenes en proceso sociales. Lo aseguran porque la Secretaría de Gobierno así lo expresa. Las instituciones locales cuentan con un presupuesto para incentivar la gestión de procesos culturales y artísticos en los que se abre el espacio para que los líderes sociales presenten sus iniciativas sociales. “Nosotros los vamos a apoyar con un recurso de hasta diez millones de pesos para desarrollarlas y materializarlas en esta vigencia —el gobierno de Peñalosa—”, afirmó Pulido. Esta asignación de presupuesto la realizan por selección: escogen una porción de las iniciativas presentadas para apoyarlas.
Alejandro León, de la escuela popular de fútbol Lenin Killers de Bosa, disiente del sistema de elección. Indica que “falta es que pongan un cuadrilátero y se ‘rompa’ el que tiene el Preicfes popular con el que tiene la escuela de fútbol y el que gane tiene la plata. Son concursos, son mucho papeleo, son cosas de que ‘¡Ay!, pero eso no importa porque es muy pequeño’, entonces yo veo ahí que el apoyo es muy sectorizado y muy pequeño. A la organización o colectivo que se vea el proyecto grande, que se vea que son más de cien personas, ahí sí”.
Este tipo de críticas Francisco Pulido asegura comprenderlas. Sin embargo, justifica el sistema de elección porque “ningún recurso es ilimitado” y “no podríamos ayudar a todas las organizaciones, sea cual sea su fin”. A esto se suma que para poder acceder a algunos de estos estímulos económicos, las iniciativas sociales deben contar con personería jurídica o en otros casos, como recuerda Alejandro, para poder enseñar fútbol, sin ánimo de lucro, según un funcionario de la alcaldía debía tener profesores certificados en Coldeportes como instructores.
Darling Molina, lideresa de Ciudad Bolívar, critica estos gestos burocráticos al considerarlos desgastantes si se trata de contribuir al tejido social de las comunidades. “A mí me parece reabsurdo. Son discusiones que nos hemos dado —con los otros miembros—, y es como que bueno, eso implica camello, implica tiempo, pensarnos, incluso recursos para hacerlo, pero en términos de la práctica real y de lo transformador en el territorio, pues no es que esté incidiendo mucho. Es decir, la mamá no va a evaluar si participa o no participa ella o su hijo si tengo personería jurídica, ¿sí? Creo que es más en términos de recursos, de reconocimiento institucional que podría ser favorable, pero en una institucionalidad ausente como lo es arriba —Potosí— pues no. No es que funcione mucho”.
Es cierto que muchas organizaciones sociales deciden no trabajar con las instituciones del gobierno por no sentirse identificados con la administración de turno, por ideales políticos o por no haber tenido buenas experiencias. Sin embargo, Edison Rodríguez, gestor para la comunidad de la Secretaría de Integración Social en Ciudad Bolívar, es enfático en que “los mismos líderes reconocen que cuando a los jóvenes no se les da algo a cambio o no se ven comprometidos, ellos no participan, son procesos donde, por ejemplo, se va hacer una lunada en pro de recuperar la quebrada Limas y la primera noche llegan 20 pelados, la segunda noche 10 pelados, y la tercera 5”.
Además, acota Rodríguez, es importante que los jóvenes se apropien del tratamiento de las problemáticas de la comunidad para así llevarlas a los diálogos participativos y buscar alternativas de cambio. Pero no es fácil que los líderes confíen. Para esta investigación, los jóvenes líderes y lideresas sociales de Potosí, Ciudad Bolívar, nos dijeron que estaban cansados de sentir que quienes se acercaban a sus procesos, los usaran. Abiertamente esperaban que esta investigación no hiciera lo mismo.
“La garantía creo que la encuentro en la comunidad, pues es para ellos y ellas, son los que han mantenido el proceso corriendo”, responde vacilante Jhon Fredy Moreno. No se había preguntado en el sentido estricto cuál era la garantía para hacer lo que hacía, aunque siempre ha hecho su trabajo en El Escenario por su comunidad. Los líderes no es que se detengan a pensar estas cosas, están ocupados siendo líderes. Y como si fuera un acuerdo secreto, todas y todos los líderes sociales juveniles responden lo mismo: hay pocas garantías, pero las que hay las posibilitan sus comunidades y el ímpetu de construir una ciudad para quienes la capital se les ha negado.
“Como que la comunidad nos ha guardado un amor, una comprensión, que nos apoya en movilizaciones, en caminatas. Nos ven a nosotros con el logo, con pancartas, con muchas cosas y saben ‘ahí van los muchachos, siga el ejemplo de ellos’. Entonces a uno lo motiva que la comunidad lo acompañe en esas cosas”, dice la más joven de las gestoras de paz de Potosí cuando aún, en el sentido estricto, no era joven sino una niña: Valentina Torres con 13 años a mediados de 2019.
Como al mundo entero, la pandemia tomó a esta investigación por sorpresa. Hoy, con la crisis sanitaria, la situación socioeconómica se agudiza en los territorios de la Bogotá del sur. La COVID-19 obligó a que el mundo se atrincherara en sus casas, o por lo menos quienes tuvieran una, porque finalmente poder aislarse es un privilegio.
Mientras los días iban pasando y la administración distrital obligaba a los bogotanos a estar confinados empezaron a aparecer los primeros trapos rojos en las ventanas de Ciudad Bolívar; trapos rojos que simbolizan el hambre. A partir de la medida de la pobreza multidimensional y las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Integración Social identificó los barrios de la pobreza en Bogotá, en donde Ciudad Bolívar (72 barrios con 80.865 hogares), Suba (26 barrios con 45.098 hogares), Bosa (31 barrios y 40.039 hogares) y Usme (58 barrios y 38.819 hogares) ocupan los primeros lugares para entregar ayudas humanitarias.
Mientras tanto a inicios de mayo empezaban a desalojar a invasores de predios en Ciudad Bolívar y aunque la administración distrital se ha pronunciado diciendo que ha acogido a la población desfavorecida, algunos de los desalojados manifestaron ante medios de comunicación que no era así.
Las noticias, una tras otra, registran cómo la pandemia afecta la economía, la vivienda, el trabajo y la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables de la capital, mientras continúan los aislamientos obligatorios por localidades y se empiezan a flexibilizar las medidas restrictivas para aproximar a la capital a la “nueva normalidad”.
Ante este panorama los líderes y lideresas sociales juveniles que hicieron parte de esta investigación se vieron obligados a reinventar sus maneras de trabajar por su comunidad y, en la práctica, desempeñar nuevas tareas de liderazgo.
Primer entrega, el 7 de julio de 2020 y, segunda entrega, 13 de agosto de 2020, © Todos los derechos reservados